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LECCIONES CONSTITUCIONALES: “LA JURISPRUDENCIA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO”

 

 

MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO

 

REFLEXIÓN EN TORNO A:

 

 

En su conclusión Miguel de Jesús Alvarado Esquivel en la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, analiza la regulación de la jurisprudencia contenida en la nueva Ley de Amparo. Concluye que dicha normatividad contiene algunos avances en esta materia; sin embargo, todavía deja de respetar los derechos humanos de los gobernados y contiene diversos defectos y lagunas que deben eliminarse.  Ante ello, a continuación propone algunas soluciones a lo anterior: IX. Propuestas de reforma: 

 

1a.) A partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, que establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”, propone que el legislador federal esté a la altura del texto constitucional sobre derechos humanos y extienda la obligatoriedad de la jurisprudencia a todas las autoridades del país, especialmente a las administrativas, pues son éstas las que fundamentalmente ejecutan o aplican las leyes, por lo que si la jurisprudencia es la interpretación de ésta, qué mejor que aquéllas emitan sus actos o resoluciones aplicando tanto una, como la otra.

 

De darse lo anterior, se evitarían juicios innecesarios en los distintos tribunales y se potenciaría la cultura de la legalidad en todas las autoridades del país y, por tanto, nuestro Estado de Derecho se acercaría a ser una verdadera realidad.

 

2a.) Sobre la misma línea de pensamiento anterior, propone que el legislador federal reconozca la necesidad de aplicar la jurisprudencia de los tribunales internacionales que también velan por la protección de los derechos humanos, en especial, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, es necesario establecer en la Ley de Amparo una norma que reconozca esa jurisprudencia internacional y la obligación de aplicarla por todos los tribunales de amparo del país.

 

3a.) Propone reformar la Ley de Amparo para establecer que la jurisprudencia que emitan los Plenos de Circuito, cuando se trate de materia común de amparo, legislación federal o legislación local idéntica o similar, no se limite al Circuito al que permanezcan, sino que se extienda a otros Circuitos, pues ello evitaría contradicciones de tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito que resuelvan sobre esa materia y legislaciones. Con ello se evitaría no sólo el riesgo de que se generen contradicciones de tesis sobre las mismas normas, sino también la intervención posterior de los Plenos de Circuito y, más aún, de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

4a.) En materia de publicación de la jurisprudencia, propone que, para salvaguardar la seguridad jurídica, que es una de las principales metas de la propia jurisprudencia, se establezca en la Ley de Amparo, por un lado, una fecha a partir de la cual se estima publicada la jurisprudencia y, por el otro, un plazo razonable para que los órganos jurisdiccionales a quienes obliga, así como para que las partes del juicio de amparo, se consideren sabedores de ella. Este plazo puede ser de un mes, certificado y contado a partir de que el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta fue recibido oficialmente por cada órgano jurisdiccional obligado; que fue puesto a la venta al público en general en los lugares oficiales, o bien, que se subió a las páginas de internet de nuestro Máximo Tribunal del país.

 

5a.) Propone que se establezca una sanción para aquéllos órganos jurisdiccionales que no cumplan con las obligaciones relativas a la publicación de la jurisprudencia contenidas en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo, pues de esa manera se garantizaría una mayor difusión de la jurisprudencia y de las resoluciones necesarias para constituirla, interrumpirla o sustituirla, así como los votos particulares correspondientes, transparentándose así la labor jurisdiccional de los órganos emisores de la jurisprudencia.

 

6a.) Finalmente, propone que se establezca en la vigente Ley de Amparo, como parte legitimada para denunciar cualquier contradicción de tesis, tanto de Salas como de los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, a cualquier persona que tenga conocimiento de ella, ya que así se podría conocer con mayor rapidez dicha contradicción de tesis, para su tramitación y resolución por el órgano superior correspondiente, garantizándose así la seguridad jurídica, tanto para los órganos jurisdiccionales del país, como para los litigantes, los que muchas veces no denuncian la contradicción de tesis porque la resolución de ésta ningún beneficio les trae, pues por culpa del último párrafo del artículo 226 de la Ley de Amparo. “...La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.”

 

Lo cierto es que el Juicio de Amparo, Juicio Constitucional de Amparo, es un medio de Control Constitucional aún inacabado, es demasiado elitista, en sí, no protege a la gran mayoría de intereses ciudadanos, es inacabado en cuanto que no existe el Amparo Colectivo, en que desapareció para siempre el Amparo Agrario, que tiene que desarrollarse frente a los países latinoamericanos en especial, buscar nuevos cauces y reformas jurídicas para que funciones en beneficio de los grandes intereses sociales y colectivos al descubierto y que los derechos humanos no han podido defenderse en lo colectivo.

 

SI la Jurisprudencia fuese técnicamente obligatoria a los Jueces de Distrito, tendríamos más bienestar en materia de Justicia, obtendríamos mayores fórmulas para atender el derecho que interpretado por los Operadores Jurídicos atendieran los Derechos Humanos en cada Juicio de Amparo.

 

Existe un grave problema de desechamientos de Amparos, de consultas si se atiende o no una Demanda de Amparo a los superiores jerárquicos o bien, de incompetencias de Jueces que no resuelven la constitucionalidad de actos y de derechos humanos dado que la interpretación jurisprudencial es exacta en cuanto a estos temas.

 

Si acudimos a una estadística sobre desechamientos de amparos en nuestro Décimo Tercer distrito Judicial que es Oaxaca, podemos entender que el Juicio de Amparo, efectivamente es elitista, no está al alcance de la gran mayoría de colectividades, que es muy técnico y demasiado tortuoso que la gran parte de grupos o colectividades se amparen para garantizar sus derechos humanos o garantías constitucionales a que tienen derecho en sus procedimientos jurídicos.

 

Por último, resulta infructuoso que se pretenda aplicar la jurisprudencia de los tribunales internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si los Jueces de Distrito, interpretan de forma diferente las violaciones a derechos humanos, o se interpreta de forma diferente en cada juzgado la afectación, el daño, la violación, el derecho humano de que se trate, dada la gran cantidad de información al respecto y la variedad de Jurisprudencias a modo de resolver la constitucionalidad de un acto reclamado, que en diversas formas puede estar fundado o  motivado. El mejor deseo es que el Amparo Mexicano, salga adelante, se perfeccione, se reforme, se aplique colectivamente para garantizar los Derechos Humanos en toda la extensión de la palabra.

 

 

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